Desmiente INPI afirmaciones de Red Mexicana de Afectados por la Minería

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2018. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desmiente categóricamente las afirmaciones de la Red Mexicana de Afectados por la Minería que hicieron públicas, relacionadas con la supuesta integración de un censo de comunidades, así como la supuesta decisión de “mejorar el reparto del Fondo Minero”.

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2018. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desmiente categóricamente las afirmaciones de la Red Mexicana de Afectados por la Minería que hicieron públicas, relacionadas con la supuesta integración de un censo de comunidades, así como la supuesta decisión de “mejorar el reparto del Fondo Minero”.

El Instituto Nacional no lleva a cabo tales actividades, ni pretende convalidar el despojo que han sufrido las comunidades y pueblos indígenas por la implementación indiscriminada de la minería en sus tierras y territorios.

El titular del Instituto, Adelfo Regino Montes, reitera su firme convicción de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar a los pueblos indígenas su derecho fundamental a sus tierras, territorios y recursos naturales.

Asimismo, la nueva institución cuenta con las facultades para dar voz y decisión a dichas comunidades como sujetos de derechos, con capacidad plena para decidir las cuestiones fundamentales que les afectan. Por ello, bajo ninguna circunstancia habremos de vulnerar los principios de maximización de la autonomía de los pueblos y su participación plena en la toma de decisiones.

Por otra parte, el INPI respeta la opinión de la REMA con relación al derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; sin embargo, es necesario enfatizar que en la Constitución Política Federal, en el Convenio número 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta y el consentimiento no están previstos como una herramienta estatal, sino como un derecho fundamental de los pueblos indígenas.

Además, constituye una obligación del Estado mexicano, cuyo ejercicio garantizará a nuestros pueblos a participar y decidir los aspectos sustantivos de su vida. El Instituto tiene el mandato de ser el órgano técnico para el ejercicio de este derecho, por lo que será garante que se cumplan los más altos estándares internacionales.

Finalmente, compartimos con la red que la actividad minera, hasta ahora, ha violado los derechos territoriales y a un medio ambiente sano de las comunidades indígenas, pero reiteramos que nada de lo que hemos realizado ni afirmado, legitima ni respalda dichas violaciones; por el contrario, buscamos construir con las comunidades y pueblos un futuro de pleno respeto a sus derechos fundamentales.

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